miércoles, 9 de abril de 2014

¿Hubo persecución religiosa durante la Segunda República?

La Iglesia no ve con malos ojos la llegada de la República, pero sucesos como la quema de conventos ante la pasividad de las autoridades y el decreto formal de libertad de culto provocan la reacción del Vaticano.

La cuestión religiosa está pendiente en España desde los albores del liberalismo. La abolición del Estado feudal implica, entre otras muchas cosas, terminar con los privilegios de la Iglesia y cercenar su influencia política. Mendizábal emprendió en 1835 la desamortización eclesiástica más importante desde la de 1820. Posteriormente Madoz, en 1855, e Isabel II, en 1865 —en un intento desesperado de acercar a su causa a los liberales- pusieron de nuevo en venta los bienes del clero.

La religión en la constituciones precedentes 

Sin embargo, la religión no sólo se manifestaba en la vida cotidiana española como en pocos países europeos, sino que todas las Constituciones proclamadas durante el siglo XIX, incluidas las más progresistas, declaraban la confesionalidad del Estado. El artículo 12 de la Constitución de 1812 proclama que «la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única y verdadera. La nación la protege por las leyes sabias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquier otra».


En plena Guerra Carlista, que es también una contienda religiosa, la Constitución de 1837 dice en su artículo 11 que «la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles». Por último, el texto de 1869, surgido de la Gloriosa Revolución, introduce la libertad religiosa, aunque reconoce el carácter católico de España. Sólo el proyecto constitucional de la Primera República, que no vio la luz, separaba Iglesia y Estado.

La persecución religiosa en la 2ª República: modernidad contra tradición 

La Segunda República pretende certificar la victoria definitiva de la modernidad frente a la tradición, representada por la monarquía, la aristocracia y la Iglesia. Por tanto, finiquitada la primera y acorralada la segunda, sólo quedaba por desmontar el régimen de privilegios que mantenía la religión católica. Los reformistas, radicales y socialistas insisten desde el primer momento en que no se trata de una persecución religiosa, sino de establecer de una vez por todas la aconfesionalidad del Estado.

La expansión del laicismo 

 La Iglesia, a juicio de la izquierda -que por primera vez tomaba realmente el poder-, muestra junto con los militares, el latifundismo y el centralismo, el lado más rancio de España. Y a pesar de que la población era mayoritariamente católica, el laicismo se había extendido entre las clases medias y el proletariado urbano y había sido asumido como principio doctrinal por los intelectuales.

La obsesión anticlerical 

El hispanista Paul Preston expresa brevemente la asociación existente entre la cuestión religiosa y el
conflicto de clases: «La obsesión anticlerical de la nueva izquierda republicana de 1931 puede ser interpretada como la reacción del radicalismo de la clase obrera ante el resurgimiento del catolicismo en gran parte de la clase media y alta durante los últimos años del siglo XIX».

Sin embargo, para el politólogo Murillo Ferrol la estrategia fue equivocada: «Con el ataque a la Iglesia, la República pretendió expugnar a la que consideraba su enemiga. Lo que consiguió fue cerrar estrechamente las filas de sus adversarios, enajenarse a muchas gentes que no tenían ninguna otra razón para ser antirrepublicanas, y contribuir, por fin, a la producción de un catolicismo extremado y arcaico»

El liberal Salvador de Madariaga explica el nuevo proyecto político, afirma que al republicanismo le faltó moderación. que «el anticlericalismo punzante y constante de la República proporcionó al cogollo de católicos militantes y reaccionarios el pretexto que deseaban para movilizar contra ella a la opinión religiosa del país». Si bien entiende que las medidas secularizadoras eran razonables y coherentes.

Reformas de la Segunda República que irritaron a la iglesia

Desde el mismo momento en que alcanza el poder, el Gobierno provisional toma las primeras medidas legislativas respecto a la Iglesia católica. El 5 de abril proclama el Estatuto Jurídico, que anuncia reformas en todos los ámbitos. Su artículo 3 establece la libertad religiosa. Por primera vez en España un Gobierno está dispuesto a separar totalmente a la Iglesia del Estado.

No obstante, en principio, la Iglesia católica no se muestra beligerante con la República. Más aún, eran sobradamente conocidas las relaciones que monseñor Federico Tedeschini, nuncio del Papa Pío XI, mantenía con Niceto Alcalá Zamora, presidente provisional y declarado católico, igual que Miguel Maura, ministro de Gobernación.

El 24 de abril el Vaticano se pronuncia oficialmente instando a sacerdotes, religiosos y fieles a «respetar los poderes constituidos». Dos días más tarde, los recelos de la derecha católica hacia el nuevo régimen se manifiestan con la creación de una nueva fuerza política, Acción Nacional -que en 1932 adoptó por orden gubernativa el nombre de Acción Popular- cuyo lema es «Religión, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad». Su líder, Ángel Herrera Oria, definido por Preston como «la eminencia gris del catolicismo político en España», centró su labor proselitista en las zonas rurales, donde combinó la defensa del clericalismo con un antisocialismo militante.

Mayo de 1931: quema de iglesias y conventos

En parte por los errores de los políticos republicanos y en parte por la propia inercia de los sectores más conservadores del clero, la Iglesia se aparta progresivamente de la fidelidad republicana. El punto de quiebra se sitúa en la jornada del 11 de mayo de 1931. Ese día varios conventos e iglesias, primero de Madrid, y luego de otras ciudades, arden por la ira de unos descontrolados ante la pasividad del Gobierno.

Antes, el 7 de mayo, el arzobispo de Toledo, el cardenal Pedro Segura, publica una pastoral en la que llama a los católicos a apretar los dientes contra los destructores de la religión. Aunque «para el bien de la paz y el orden» pide respetar a las autoridades e invoca la unión de todos los fieles para las inminentes elecciones constituyentes.

Educación religiosa voluntaria 

El día 9 otro decreto establece que la educación religiosa sería voluntaria en las escuelas. Las medidas que tocan a la educación son vistas por la Iglesia como una provocación.
El día 10, cuando los monárquicos se reúnen en la calle Alcalá, 67, para planear su estrategia electoral y suena la Marcha Real, algunos republicanos concentrados en las inmediaciones tratan de asaltar el edificio. Posteriormente la multitud, crispada por el falso rumor de que un monárquico había matado a un taxista (el historiador conservador Ricardo de la Cierva señala que el suceso fue atribuido al director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena), se dirige hacia la sede del periódico, situado en las proximidades.

La Guardia Civil evita el asalto, en el que mueren dos manifestantes. Maura trata de calmar sin éxito las protestas. Se abre así la espita del enfrentamiento. Los alborotos se suceden en varios lugares de Madrid, la tensión se extiende por toda España y el Gobierno es censurado por monárquicos y católicos por su debilidad.

La ira contra los jesuitas

En la mañana del día 11 los disturbios se recrudecen y la ira popular se concentra contra la Iglesia y particularmente contra los jesuítas. Arden varios conventos, iglesias y centros religiosos de Madrid y la agitación se propaga durante los siguientes tres días por Málaga, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Alicante y Valencia.

El Consejo de Ministros se reúne con urgencia, pero la reacción, según el propio Miguel Maura, entonces ministro de Gobernación, es de absoluta pasividad. Alcalá Zamora resta importancia a los acontecimientos arguyendo que están provocados por unos «chiquillos que juegan a la revolución», y Azaña también se muestra reacio a emplear la fuerza. El radical Lerroux escribiría posteriormente que la Guerra Civil se encendió espiritualmente con las hogueras del mes de mayo.

El 13 de ese mismo mes, el cardenal Segura abandona voluntariamente España -aunque meses más tarde lo haría de forma obligada-, siendo sustituido por Isidro Gomá, quien pronto se erige en un firme líder de la Iglesia contra la República.

Se decreta la libertad de culto y la retirada de crucifijos de la escuelas 

A finales de mes se decreta formalmente la libertad de culto: la religión católica ha dejado de ser oficial. Esta medida provoca la reacción del Vaticano, que niega al nuevo embajador, Luis de Zulueta. Además, son clausurados temporalmente los diarios El Debate y ABC.

No obstante, el Gobierno provisional continúa aplicando su programa y decreta la retirada de los crucifijos de las escuelas, la obligación de tener título oficial de maestro para enseñar en los colegios y la disolución de los cuerpos eclesiásticos del Ejército.

Alcalá Zamora pide protección contra los católicos 

Las elecciones celebradas el 28 de junio otorgan la mayoría a las izquierdas. El 14 de julio se inician las sesiones parlamentarias constituyentes. Los debates en torno a la confesionalidad del Estado son virulentos y varias veces hay que modificar los planteamientos iniciales. Para Gil Robles, líder de la CEDA, el proyecto inicial confirma lo que él considera una «persecución religiosa».

Alcalá Zamora argumenta en defensa de los católicos: «Si son mayoría no se puede legislar contra sus sentimientos, si son minoría se les debe protección». Para Madariaga, en este punto cometieron los constitucionalistas «algunas de sus faltas más garrafales».

Regulación de la práctica religiosa

Lo cierto es que la práctica religiosa quedaría regulada mediante el artículo 26, aprobado el 15 de octubre por 178 votos a favor contra 59 (223 diputados se ausentaron) del siguiente modo: "Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas."

La expulsión de la Compañía de Jesús

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente imponen, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a la autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por las Cortes constituyentes.

Este artículo se redacta pensando en la Compañía de Jesús. El republicanismo recela de la educación religiosa y, sobre todo, de la influencia de los jesuítas. El artículo 27 establece la plena libertad de conciencia y de culto. El líder de la derecha, Gil Robles, advierte a la mayoría parlamentaria: «Vosotros seréis los responsables de la guerra espiritual que se va a desencadenar en España».

Alcalá Zamora y Maura, los dos católicos del gobierno, dimiten antes de que las Cortes aprueben el polémico artículo 26. El 16 de octubre, Tedeschini convoca una rueda de prensa en la que expone el malestar del Vaticano. Pocos días después, el 28 de octubre, el Gobierno declara laborables el Jueves y Viernes Santo. El programa reformista, una vez aprobado el texto constitucional, continúa con el decreto de disolución de la Compañía de Jesús, que contaba con casi 3.000 religiosos; el decreto de secularización de cementerios (medida aprobada ya por el Gobierno provisional en julio); la Ley del Divorcio, de 2 de febrero del 32, y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que enciende definitivamente los ánimos de los católicos, llamados a la movilización en mayo de 1933.

Se empieza a oír el término 'cruzada'

Antes, en noviembre de 1931, el cardenal Vidal i Barraquer recomienda que se acate el poder, aunque reconoce que la Iglesia ejerce la custodia de la más alta soberanía, que es la que deriva directamente de Dios. Sin embargo, el 1 de enero de 1932, una pastoral colectiva recomienda a los fieles «trabajar por la modificación de las leyes».

Por último, la Iglesia debía cerrar sus centros de enseñanza antes del final de 1932. Antes de que tal medida se llevara a cabo la izquierda perdió las elecciones. Isidro Gomá habla de «horas graves» y se empieza a utilizar el término «cruzada».

La llegada de la derecha al poder

El Gobierno de la CEDA mantiene en vigor las leyes laicistas pero, a juicio de Gil Pecharromán, suaviza considerablemente sus efectos. La Iglesia rebaja el tono y el Parlamento suspende la prohibición de que las órdenes religiosas impartan enseñanza y, en contradicción con el texto constitucional, carga al erario público el sueldo de los miembros del clero.

Pita Romero es nombrado nuevo embajador en el Vaticano y, en 1935, la Santa Sede asume que la Constitución no se va a modificar y evita firmar un nuevo Concordato.

Con la conspiración militar en ciernes, la Iglesia católica como institución ni provoca ni participa en ella. Otra cosa serían algunos sectores católicos de la CEDA, ANCP y la Acción Católica. El 18 de julio Franco habla de patria pero no de religión, invoca al orden pero no a Dios. Incluso el general Mola dice que la Iglesia ha de estar separada del Estado y José Antonio Primo de Rivera entiende que la «tolerancia religiosa es fruto de los tiempos».

No obstante, cuando el conflicto bélico comienza la Iglesia apoya decididamente a los golpistas. El día 13 de agosto de 1936, el cardenal Isidro Gomá sentencia: «En la actualidad luchan España y la anti España, la religión y el ateísmo, la civilización cristiana y la barbarie». 

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